La moción aborda cuatro asuntos: la reforma de la Ley de interrupción del embarazo prevista por el Gobierno central, la imposición de la custodia compartida en las separaciones y divorcios, la violencia machista y la discriminación y explotación laboral de las mujeres.
Así, además de la prevención contra embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, para la coalición es necesaria una ley "que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en la sanidad pública en el momento y por las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas". También señala que debe eliminarse cualquier consideración de aborto voluntario en el Código Penal, tanto para las mujeres como para profesionales sanitarios que lo practican.
Sobre la custodia compartida, IU indica en la moción que "sólo debería contemplarse en aquellos casos que ambos progenitores estén de acuerdo, y preservando siempre el interés del menor". No debe otorgarse, además, en caso de violencia de género, añade. Sobre esta lacra, por otra parte, apuesta por políticas municipales de prevención, reforzando recursos y a través de una educación afectivo-sexual a todos los niveles.
Por último, IU exige que se asienten las bases de desarrollo del Estado de Bienestar, generando por parte del Ayuntamiento empleo de calidad y eliminando obstáculos que imposibilitan el logro de la autonomía personal y económica de las mujeres.
A otros con el tratado TTIP.- Luis Peñalosa pedirá al pleno que Segovia se declare como municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). La propuesta de Izquierda Unida, a la que se han sumado otros colectivos ciudadanos, sostiene que el municipio no debe aceptar ni los principios ni objetivos de este tratado que negocian la Unión Europea y EEUU, en defensa de los servicios públicos básicos y para mantener la cohesión y redistribución social. Por ello insta a solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a estas iniciativas municipales, y al Ministerio de Economía para que requiera la suspensión de las negociaciones.
La moción advierte de mecanismos como el ISDS, que merman la soberanía de los estados frente a empresas transnacionales. Aboga, además, por mantener competencias en legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se dé la misma importancia a los sociales y ambientales. Exige, por otro lado, una total transparencia sobre el mismo.
